sábado, 14 de marzo de 2015

Los Xákmok Kásek, nativos expoliados en Paraguay, reocupan sus tierras tras 30 años de exilio

Xákmok Kásek (Paraguay).- Unos 300 indígenas supervivientes de un éxodo que empezó hace tres décadas, cuando un gran empresario ganadero les expulsó de su territorio ancestral en la vasta región del Chaco, han vuelto a su tierra prometida para exigir al Estado paraguayo que la titule a su nombre.


Los miembros de la comunidad indígena Xákmok Kásek son oriundos del Chaco, una región de especial riqueza medioambiental y cultural que se extiende por Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil.
A finales de febrero reingresaron al terreno que les pertenece, de acuerdo con una sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Son 10.700 hectáreas, repartidas entre una empresa agrícola y la propiedad de un gran terrateniente, el estadounidense Roberto Eaton, quien les expulsó a principios de la década de 1980.

La Corte sentenció al Estado paraguayo a restituir toda esa extensión a los indígenas antes de 2014.
Durante 30 años han sobrevivido en un reducto de tierra prestada, de suelo improductivo, donde apenas podían cultivar o tener ganado y carecían de acceso a servicios públicos básicos como agua, luz, educación o salud.

La comunidad, formada por miembros de los pueblos sanapaná y énxet, no aguantaba más.
El mes pasado, en una larga asamblea que reunió a ancianos, hombres, mujeres y niños, los Xákmok Kásek hicieron recuento de todos sus pasos judiciales a nivel nacional e internacional, y de sus esfuerzos de comunicación con la prensa y el Gobierno.

Y concluyeron que nada de eso les ha ayudado a volver a su hogar, por lo que decidieron pasar a la acción.

Embolsaron sus pocas pertenencias: útiles de cocina, colchones, mantas, poca ropa y algunos animales domésticos y caminaron los 18 kilómetros de trecho embarrado que les separaba del exilio.
Ahora, entre vestigios de bosques de vegetación baja, colocaron un cartel con la leyenda: "Esta es nuestra tierra ancestral".

"Volvimos porque este es nuestro lugar, necesitamos esta tierra para estar juntos, pase lo que pase, vamos a entrar y no vamos a retroceder, queremos trabajar y cultivar", dijo a Efe Castorina Dermos Delarrosa, de 57 años, una de las líderes comunitarias.



Del mismo parecer se mostró Milciades González Ruiz, de 30 años, otro miembro de la comunidad, quien declaró a Efe que "el Estado debe acatar la sentencia".

"Esta tierra nos pertenece y en ella conseguiremos el desarrollo que queremos", manifestó.
Delarrosa recuerda que su marido nació y creció en la estancia ganadera Salazar, propiedad de Eaton, en poder de las 7.701 hectáreas de tierra de las 10.700 pertenecientes al territorio ancestral de los Xákmok Kásek.

Aseguró que durante décadas Eaton obligaba a los hombres "a trabajar de sol a sol a cambio de nada. Comida y nada más, no a cambio de salario".

Ella estudió solo hasta sexto grado porque nunca hubo una escuela con más cursos a menos de 100 kilómetros, dijo.

El origen de las actuales violaciones de derechos territoriales indígenas en Paraguay se remonta a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), cuando Paraguay fue arrasado por Argentina, Brasil y Uruguay.

Veinte años después de la derrota, el Estado paraguayo vendió en la bolsa de valores de Londres dos tercios del Chaco, que ocupa la mitad occidental del país, para financiar la deuda impuesta tras el conflicto bélico.

La división y venta de esos territorios fue realizada con desconocimiento de la población que los habitaba, que en ese entonces era exclusivamente indígena, recuerda la CorteIDH en su sentencia.

El proceso de colonización de Paraguay en el Chaco afectó a todos los pueblos indígenas que como la comunidad Xákmok Kásek vieron desaparecer su territorio milenario entre vallas para ganado de los nuevos terratenientes paraguayos y extranjeros.

En la región del Chaco hay presencia de hasta 17 de las 20 etnias indígenas que existen en Paraguay, divididas en cinco familias lingüísticas diferentes.

 Más fotos:














Texto y fotografías para la Agencia Efe publicados en diversos medios como:
La Vanguardia  (España)
El Confidencial (España)
Sin Embago (México)
Radio Ñandutí (Paraguay)

sábado, 20 de diciembre de 2014

El último grupo indígena aislado fuera de la Amazonía vive en Paraguay y la deforestación está a punto de hacerlo desaparecer


Chaidí (Paraguay), El último grupo indígena en aislamiento voluntario que queda en América fuera de la Amazonía está al borde de la desaparición si el Estado paraguayo no frena la deforestación e invasión de sus tierras por parte de ganaderos, denuncian sus familiares ya contactados y las Naciones Unidas.

El grupo de ayoreo todobiegosode que queda aislado en Paraguay es como la última aldea gala resistiendo el avance del Imperio romano. Una cultura a punto de hacer desaparecer a la otra.

Pero en lugar de murallas, los nativos están rodeados de un inmenso bosque que les da protección y sustento desde hace miles de años. Y no son tropas militares a las que tienen que resistir, sino al avance de las máquinas topadoras que van destruyendo los árboles del territorio en el que viven desde antes de la colonización española.

De ello están convencidos en Chaidí, principal asentamiento de los totobiegosode que han salido de su hábitat natural: el interior de los bosques vírgenes del Chaco paraguayo.

En ese monte de vegetación baja, de cactus y jaguares, de pronunciadas sequías e inundaciones, situado en el departamento de Alto Paraguay, más cerca de Bolivia que de Asunción, aún se esconden al menos un centenar de nativos totobiegosode que nunca han contactado con la sociedad envolvente.

Voluntariamente rehúsan vivir con los "coñone", que significa "los que no entienden el mundo" en idioma ayoreo, término dedicado a los extraños que no viven cuidando el bosque.

Sus hermanos contactados denuncian lo que ellos no están en condiciones de hacer: la desaparición de todo un ecosistema bajo las topadoras de las empresas ganaderas invasoras.

























Al menos tres empresas terratenientes, Yaguareté Porá, de Brasil, Carlos Casado S.A., de capital español, y la paraguaya Itapotí poseen los títulos de propiedad de buena parte de las casi 2,8 millones de hectáreas que, según los antropólogos, alguna vez integraron el territorio de los distintos grupos ayoreo, que vivían entre el sur de Bolivia y la región chaqueña de Paraguay.

"Solo queremos proteger a nuestros hermanos y para eso necesitamos que el Estado compre y proteja nuestro territorio ancestral", dijo Porai Picanerai, cacique de los totobiegosode de Chaidí.

Picanerai vivía en el bosque hasta que en 1986 otros ayoreo armados enviados por la Misión Nuevas Tribus, un grupo evangélico estadounidense con larga trayectoria en Paraguay, llegó a su aldea, recordó.



"Maté a dos personas para defender a mi familia", relató.

Aquel enfrentamiento tuvo como resultado la muerte de al menos cuatro indígenas y la salida del bosque de unos 40, según los datos de las ONG Iniciativa Amotocodie y Gente, Ambiente y Desarrollo (GAT).

Desde entonces, cada vez más totobiegosode han ido saliendo del bosque, bien en enfrentamientos violentos o bien cuando ya no tenían más lugar a donde ir.

Como es el caso de Ingoi Etacori de 40 años y Carateba Picanere, de 70, que salieron de la selva en 2004 al quedar solos al borde de una carretera abierta por dueños de estancias cercanas.

Etacori aún tiene las marcas en la cabeza del pelo trenzado que acostumbraba a llevar, como manda la cultura de su pueblo. Su padre y sus tres hermanos aún viven en el bosque, aseguró.

Solo quedan 120 pueblos aislados en todo el continente americano, la mayoría en la frontera de Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Los totobiegosode que viven en Paraguay son el único caso fuera de la Cuenca Amazónica.

La aceleración de la industria ganadera en la última década en el Chaco paraguayo ha provocado una de las tasas de deforestación más altas del mundo, según la ONG ambientalista Guyra Paraguay.

"La ganadería, la búsqueda de petróleo y de maderas preciosas siguen siendo responsables de este etnocidio que sufren los totobiegosode", dijo Benno Glauser, director de Iniciativa Amotocodie.

Según Glauser, la mayoría de los totobiegosode que abandonaron el bosque aún viven el trauma del contacto. "Les engañaron, los ancianos siguen en shock ante la sociedad envolvente, sin poder entender nuestro sinsentido", expresó.

La Relatoría de la ONU para los Derechos Indígenas, así como las organizaciones Amnistía Internacional y Survival piden al Estado paraguayo que detenga las intervenciones ilegales en territorio ayoreo y recupere las tierras ancestrales que reclaman.

Los expertos de estas organizaciones alertan que cada vez se ven más restos de armas o de animales cazados, señales de los "silvícolas", producto de la reducción del bosque.

Incluso hubo un avistamiento de un clan familiar hace solo dos meses en un territorio que no es el suyo habitual, según las ONG.

Huyen de las máquinas topadoras, de los tractores y de las zonas que van quedando sin animales silvestres, atrás van dejando una forma de vida milenaria que nunca perjudicó al medioambiente.







































A continuación una lista de organizaciones donde cualquier persona puede ayudar de muchas formas a a los ayoreo totobiegosode y a todos los pueblos indígenas de Paraguay:

Amnistía Internacional
Survival
Iniciativa Amotocodie
Gente Ambiente y Territorio
Tierraviva

domingo, 30 de noviembre de 2014

El traje sin bolsillos, la prenda definitiva para terminar con los políticos corruptos


Un sastre paraguayo, harto de ver escándalos de corrupción en su país, es el creador del traje sin bolsillos, un símbolo de honestidad y a su vez una denuncia de los políticos que se enriquecen a costa del dinero público.

La idea de Roberto Espínola, que confecciona trajes para presidentes, legisladores, altos funcionarios y hombres de negocios desde sus tiendas en Asunción, surgió precisamente a causa de uno de los últimos escándalos de corrupción más sonados de Paraguay: el caso Ibañez.

El diputado José María Ibañez, del oficialista Partido Colorado, que se ha convertido en sinónimo de corrupción, está acusado de estafa y certificación falsa de documentos y de ser cómplice del supuesto cobro indebido de honorarios.

Espínola explicó que su inspiración le vino en el preciso momento en que vio al político en televisión "asumir públicamente que sí, que ha malversado y metido la mano en los bolsillos de todos".

Ese es el origen de lo que en Paraguay y en gran parte del mundo, gracias a las redes sociales, se conoce como el "traje Ibañez".

"Ahí me nace la idea de hacer el traje sin bolsillos para que no nos metan más la mano. El que sea honesto y esté dispuesto a no tener bolsillos para no llevarse nada del pueblo, que se ponga el sayo si se lo calza", añadió.

Sin embargo, Espínola admitió que el "mea culpa" del diputado fue igual de detestable que sus supuestas fechorías, principalmente porque lo hizo de forma risueña, lo que no hizo sino empeorar la percepción hacía él de los paraguayos.

"Cuando lo vi riéndose y burlándose en televisión fue los más indignante y el atropello mas inmoral a la ciudadanía", manifestó Espínola.

Canalizada esa indignación con su propuesta del traje sin bolsillos, el resto vino solo.

La agencia publicitaria paraguaya Kausa Central Creativa le propuso lanzar sin costo la promoción de la "Colección Ibáñez", dedicada a todos los políticos corruptos.

"Se desbordó, esa es la realidad, ni imaginaba el resultado. Caló muy fuerte, por lo visto es algo muy sensible el tema de la corrupción en todo el mundo", explicó.

Luego vino el efecto bola de nieve, cuando la propuesta prendió en internet tras ser divulgada por los compañeros activistas de Espínola, que es miembro de la organización Basta Ya, que trabaja contra la corrupción.

"Creo que es ya el traje más famoso del mundo", dijo Espínola a Efe, en uno de sus locales de venta, después de que en menos de un mes la idea haya encontrado adeptos en varios países.

El caso Ibañez salió a la luz después de que la presión de la prensa paraguaya, a finales del pasado año, forzara al Legislativo a publicar los nombres y sueldos de sus funcionarios.

Ello reveló numerosas contrataciones por parte de parlamentarios de familiares y amigos que figuraban como "asesores".

Paraguay vivió entonces una intensa oleada de protestas, principalmente en Asunción, contra del nepotismo y la corrupción política.

Restaurantes y comercios prohibieron la entrada de varios legisladores, y algunos sufrieron expresiones de repulsa en distintos locales de la capital.

En ese contexto, el Legislativo aprobó una ley de transparencia, encajonada hace casi una década, que abre a la ciudadanía información sobre las contrataciones de funcionarios, los sueldos de los cargos públicos y los gastos del Estado.

Sin embargo, Espínola cree que la lucha contra la corrupción tiene un camino largo en Paraguay.

Así, ahora trama un tipo de confección que denuncie las "listas sábana", como se conoce en Paraguay a las listas cerradas que los principales partidos políticos paraguayos presentan a las elecciones.

"Ahora estoy pensando dedicarme a hacer sábanas", dijo con sorna.

domingo, 29 de junio de 2014

La lucha por la tierra arrastra a miles de indígenas paraguayos a malvivir en Asunción

Asunción, 28 jun.- El drama de los indígenas paraguayos por la falta de tierra y la pobreza está presente en el centro de Asunción desde hace dos meses, cuando medio millar de nativos, entre ellos unos 200 niños, se instalaron en los alrededores de la antigua estación de tren para reclamar tierras y ayudas al Estado.
Los indígenas, en su mayoría del pueblo mbya guaraní, originarios de cuatro departamentos a cientos de kilómetros de la capital, ofrecen a sus compatriotas la versión urbana de las penurias que padecen en sus comunidades rurales.
Su campamento se extiende en una de las pocas explanadas peatonales del centro de la ciudad, por donde la gente pasa con absoluta indiferencia, se quejó Lucio Reinaldo Estigarribia, de 54 años, uno de los líderes.
"Nos sentimos discriminados. Esto es inhumano, pero no tenemos a donde ir", añadió.
Su presencia en Asunción revela una realidad oculta a los ojos de los habitantes urbanos, ya que un 76 % de los 116.000 indígenas del país vive en la pobreza, según datos del Instituto Nacional del Indígena (INDI).
Su mayor reclamación es el acceso a la tierra, en uno de los países con más porcentaje de latifundios del mundo.

Feliciano Fernández, de 66 años, malvive, junto con su esposa, hijos, nietos y bisnietos, sin electricidad y sin acceso gratuito a agua potable desde hace casi un mes frente a la estación, un edificio monumental inaugurado en 1864 que hoy está inactivo.
Fernández pide más atención médica, más abrigos y comida para resistir hasta que el INDI les atienda en sus reclamos.
Junto con su mujer, que es la anciana de la comunidad y la encargada de los rituales religiosos, organiza a las decenas de bebes, niños y adolescentes que corretean entre ollas con fuego, a unos metros del paso de los coches.


Los menores empiezan a bailar en círculo al ritmo de la canción que entona la mujer, con el rostro oculto a intervalos por el humo espeso de la gran pipa de tabaco que fuma, y de las notas de una guitarra prácticamente destrozada que toca su marido.
"Aún en un lugar extraño como Asunción tenemos que conservar nuestra cultura", explicó Estigarribia.
Los nativos lavan la ropa en una boca de riego próxima y hacen sus necesidades donde pueden, ya que el baño público más cercano cuesta 1.000 guaraníes (0,23 dólares), que no siempre pueden pagar.
Cocinan en plena calle con sus ennegrecidas ollas, y para dormir algunos tienen el refugio de los arcos de la estación, pero otros aguantan las lluvias torrenciales de esta semana bajo lonas, cartones y plásticos.
Los alimentos ya no proceden de sus pequeñas parcelas rurales, sino del supermercado de la esquina, cuando consiguen reunir unas monedas, o del INDI, que les lleva kits de asistencia semanales con pasta, arroz y otras artículos básicos.
Luis Fleytas, director sanitario del Ministerio de Salud para la capital, dijo que la situación de los indígenas es "inhumana" y que les están asistiendo con medicamentos, vacunas y primeros auxilios, así como transporte, ya en tres ocasiones, en casos de partos.
Fleytas destacó que sus mayores problemas de salud son respiratorios, por el frío, las lluvias y la falta de higiene.




El presidente del INDI, Jorge Servín, dijo que los indígenas pertenecen a comunidades con distintos conflictos, algunos internos, y otros provocados por terceros, como grandes productores de soja de origen brasileño o alemán, que les expulsaron de su tierra ancestral.
En el caso de los mbya aseguró que poseen 1.300 hectáreas de terreno, pero que un conflicto interno expulsó a una parte de la comunidad, que quedó viviendo en el margen de una carretera.
"Nosotros este año no tenemos presupuesto para comprar más tierras", dijo Servín.
"Hay vacíos legales. El INDI no da a basto, y no puede asumir todo solo, la Fiscalía debe actuar como dice la Constitución, pero no lo hace", añadió.
Mientras, indígenas como Liliana Sosa, de 33 años, que llegó hace un mes al lugar, continúan a la espera.
"Al menos aquí nos verán morir", dijo Sosa, antes de dar una larga calada a su puro.










sábado, 15 de marzo de 2014

Campesinos presos por masacre en Paraguay cumplen un mes en huelga de hambre


Cinco de los campesinos acusados de una matanza en 2012 durante una ocupación de tierras, que dejó 17 fallecidos y provocó el cese del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, cumplieron hoy un mes en huelga de hambre tras casi dos años de prisión preventiva sin que se hayan esclarecido los hechos

Familiares, amigos y activistas defensores de los derechos humanos, acudieron este sábado al hacinado penal de Tacumbú, en Asunción, para celebrar un festival musical y reclamar su puesta en libertad.

Los huelguistas, que apenas se mueven de sus camas y muestran un aspecto físico debilitado, recibieron a sus familiares en la pequeña sala de Enfermería donde están instalados.

Hermanas, padres, hijos e hijas compartieron una emotiva visita con los presos, acompañados de artistas paraguayos como Ricardo Flecha, Rolando Chaparro y el Grupo Sembrador, que ofrecieron una "Serenata por la libertad" en el patio del presidio.

"Nos acusaron de invasores pero sin embargo nosotros y todos saben que esas tierras son del Estado, ellos son los invasores, nos acusan de cometer un crimen que no cometimos", dijo Rubén Villalba, uno de los presos, desde su cama. Villalba asegura haber perdido unos 11 kilogramos en el mes de huelga.





 Los cinco labriegos están prisión preventiva desde hace un año y 9 meses, y su juicio está marcado para el próximo junio. Otros seis campesinos están en arresto domiciliario.
Los once labriegos son los únicos acusados por la Fiscalía de Paraguay por la muerte de 11 de sus compañeros y familiares, y 6 policías durante el desalojo de una protesta en una zona rural de la ciudad de Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.


Una semana después de la masacre, el Parlamento paraguayo cesó al exobispo Lugo tras un controvertido juicio político y nombró como Presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta entonces aliado de Gobierno.

Arnaldo Quintana de 20 y Nestor Castro de 31, ambos heridos de bala por la Policía durante el enfrentamiento, Felipe Martínez de 58 años, Adalberto Castro Benítez de 25 años, y Villalba, de 47, iniciaron su huelga de hambre para pedir su excarcelación y la inclusión de las tierras en disputa en la reforma agraria.

Los terrenos de Marina Cué, el nombre de la hacienda de Curuguaty donde ocurrió la matanza, y llamado así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usadas por un destacamento de la Marina, son disputadas por el Estado y la empresa Campos Morombí en un litigio que dura ya casi una década.

La firma pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un importante cargo del Partido Colorado, la formación del actual presidente del país, Horacio Cartes.



"Nosotros entramos a las tierras porque sabíamos que eran del Estado y nunca esperamos que se realizara un desalojo de esa forma. Siempre habían sido pacíficos, esperábamos que la Policía viniera a dialogar, yo estaba con mi hija de 3 meses", recordó Villalba.

Los labriegos reclaman que durante la investigación de la matanza desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, según ellos, que no fueron sus escopetas las que dispararon contra el batallón de 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía.

La Fiscalía les acusa de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.


"Somos inocentes. Estamos perdiendo muchos kilos, tenemos dolor de cabeza, mareos... pero no hay alternativa", declaró Castro, que durante el tiroteo recibió un disparo que le destrozó la mandíbula.

"Las instituciones del Estado, principalmente la Justicia, están al servicio de los ricos, por eso históricamente la única vía para la recuperación de las tierras robadas durante la dictadura es la ocupación. Son nuestras y seguimos con la intención de recuperarlas", manifestó Villalba.